Presentan una querella criminal por corrupción contra el vicepresidente balear y ex juez Yllanes

Querella criminal contra el ex juez de Podemos y vicepresidente de Baleares Juan Pedro Yllanes por el caso de corrupción destapado por OKDIARIO. Es el denominado caso Varadero y versa sobre la falsificación de un documento público por parte del Govern balear con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas con la socialista Francina Armengol como presidenta.

La querella contra Yllanes se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y en la misma se le acusa de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia relacionados con la mencionada falsificación de un documento público. Lo que se ha presentado realmente es una ampliación de una primera querella que ya tramita el mencionado juzgado a raíz de la denuncia presentada por la empresa líder del sector náutico Grupo Fabkina que, a su vez, es la principal perjudicada por este caso de corrupción.

De momento ya están imputados en la trama de corrupción del caso Varadero dos cargos de la Conselleria de Sectores Productivos que preside Juan Pedro Yllanes. Los imputados son el director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y la directora de los servicios jurídicos de la Conselleria, Teresa Relea. Ambos están citados a comparecer ante el juez como investigados a finales de mes.

La parte querellante, Grupo Fabkina, solicita que se investigue si Juan Pedro Yllanes, en su condición de máximo responsable de la Conselleria de Sectores Productivos, «tuvo conocimiento de los hechos denunciados desde antes de que se interpusiera la primera querella y si a pesar de ello no hubiera emprendido acción de algún tipo para esclarecer y subsanar tales irregularidades o supuestos ilícitos… negando de forma continuada en el tiempo la comisión de tales hechos».

Según el escrito de la querella, Yllanes ha sostenido de forma reiterada, incluso en el Parlament, que «todos los procedimientos administrativos y resoluciones adoptadas se han tramitado de conformidad a Derecho, un hecho que provoca la firme sospecha de que ha existido un concierto entre el conseller y los funcionarios a su cargo para la comisión y ocultación de los presuntos delitos que se investigan».

El texto de la querella prosigue así: «Tal comportamiento por parte del máximo responsable a de la conselleria arroja, cuanto menos, una sospecha racional en el grado o intensidad necesario en esta fase procesal que justifica que se investigue penalmente… por lo que resulta procedente admitir la presente ampliación de la querella así como practicar cuantas diligencias se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos y su grado de participación».

La querella criminal llega después de que el pasado lunes Juan Pedro Yllanes afirmara en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el caso Varadero no existe. Añadía que bajo ningún concepto aceptaba que él se viera perjudicado por la investigación del caso Varadero. La realidad es que el caso Varadero ya le afectaba directamente al tener a dos de sus cargos imputados siendo uno de ellos el número dos de la Conselleria de Sectores Productivos, el director general de Industria, Antonio Gomila. Ahora Yllanes se ve todavía más afectado al  haberse presentado una querella criminal contra él.

¿Qué es el caso Varadero?

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente. El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.